Un fraude financiero es un delito contra la propiedad del patrimonio, en este caso, de una compañía. Aunque existen muchos tipos de fraudes, los más habituales en el mundo empresarial tienen que ver con pagos a personas y entidades que no tienen ninguna vinculación con una entidad, así como la venta de servicios que no son posteriormente declarados en la presentación de impuestos. Según los datos de la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT), cada año el fraude en España en todas sus diferentes modalidades supera los 60.000 millones de euros, casi el doble de la media de la Unión Europea.

Sin embargo, además de los citados, existen otras clases de fraudes que afectan, especialmente, a las pymes, debido, sobre todo, a la falta de capacidad de inversión en mecanismos de protección, como, por ejemplo:

Uno de los principales problemas para muchas pymes es que, debido a la falta de los suficientes controles internos, han sido víctimas de un fraude sin darse cuenta a tiempo de ello, provocando que esa malversación de activos no solo tenga un coste económico, sino, también, moral entre el propio equipo humano de la organización. También existe un riesgo de carácter reputacional con sus stakeholders de referencia, como los clientes, los proveedores o con la propia Administración.

Coste económico

Centrándose en el impacto financiero, además del daño económico directo, un fraude tiene otra serie de costes asociados, como la posterior auditoría forense para calibrar la magnitud real del delito y obtener las evidencias suficientes como para proceder a su denuncia formal. Incluso, la compañía puede enfrentarse a alguna sanción administrativa grave si se determina que no ha establecido los sistemas de control suficientes para hacer menos vulnerable a la entidad de sufrir este tipo de ataques.

Desde una óptica de acceso a la financiación, un fraude puede provocar el descrédito entre los inversores, presentes y potenciales, acerca de la viabilidad del proyecto de negocio, lo que puede desembocar, por un lado, en que algunos accionistas decidan vender sus participaciones y desvincularse, o en que otras entidades susceptibles de entrar en el capital decidan apostar por algún competidor.

¿Es posible prevenir el fraude?

Dado que la mayoría de fraudes corporativos son conocidos, es factible establecer medidas de protección para aumentar significativamente los niveles de seguridad y de protección. Y, todo ello, con un coste económico asumible para la mayoría de las pymes.

Por ejemplo, se puede formalizar un código ético interno que deba ser leído y firmado por todos los empleados. Incluso, es aconsejable realizar sesiones de formación con carácter periódico para explicarlo y responder de primera mano a las dudas e inquietudes del capital humano sobre los posibles delitos que pueden afectar a la organización.

En paralelo, es necesario desplegar una estrategia que, por un lado, establezca controles internos para, por ejemplo, limitar los gastos o delimitar cómo justificarlos formalmente. Por el otro, resulta imprescindible planificar la realización de auditorías en los diferentes departamentos para detectar con la mayor antelación posible cualquier anomalía que se pudiera estar produciendo.

En todas estas medidas antifraude, la tecnología puede jugar un papel fundamental, tanto para aumentar los niveles de seguridad como para agilizar los procesos tanto internos como externos, contribuyendo de forma decisiva a una mayor eficiencia organizativa a todos los niveles.

La digitalización, aliado fundamental

La influencia de las nuevas tecnologías es algo evidente en la mayoría de segmentos e industrias. Si bien en un inicio muchas empresas utilizaron las tecnologías más disruptivas, como el big data, la inteligencia artificial o el deep learning para revolucionar sus procesos de front-office y mejorar, con ello, la experiencia de cliente, ahora la tendencia es a focalizar los esfuerzos en el back-office.

Esto quiere decir que, por ejemplo, se está automatizando cada vez más la gestión de riesgos para aumentar la eficacia de los controles y, con ello, reducir los niveles (o las amenazas) de fraude. De este modo, se mejora la calidad de la toma de decisiones críticas a la vez que las empresas no tienen que invertir tantos recursos humanos y financieros a la hora de establecer controles.

En este sentido, la gestión de riesgos se está apoyando con fuerza en las soluciones tecnológicas que, a la vez que mejoran y optimizan diferentes procesos productivos y administrativos de la organización, dificultan cualquier posibilidad de cometer un fraude. Además, la integración de este tipo de soluciones en la nube favorece su actualización permanente, de manera que siempre se cuente con el máximo nivel de protección disponible. Y, todo ello, a la vez que se posibilita que cualquier pyme pueda cumplir estrictamente con la regulación vigente mientras mejora su productividad y ofrece un mejor desempeño a sus clientes y proveedores.

El valor añadido de Fuell

Fuell es un sistema integral de gestión de gastos, retribución flexible y beneficios. Todo ello lo logra con una única tarjeta, una sola app y una web. Según nuestros cálculos, los empleados pueden ahorrarse una media de 2.300 euros al año gracias a la retribución flexible y a los beneficios de Fuell. Además, para las empresas de más de diez empleados, estimamos que pueden recuperar unos 6.930 euros al año gracias a la gestión automatizada del IVA. Fuell es compatible con tu sistema de contabilidad actual y puedes importar transacciones directamente a tu software de contabilidad (Sage, Holded, Microsoft Dynamics, etc). Desde el punto de vista de la seguridad, Fuell cuenta con la homologación de la Agencia Tributaria. Las tarjetas son emitidas de conformidad con la licencia de Mastercard Internacional por Pecunia Cards EDE S.L.U, una entidad regulada por el Banco de España, lo que garantiza la seguridad y la confidencialidad de todas las transacciones. Además, es posible congelar en cualquier momento las tarjetas si uno de nuestros clientes detecta cualquier movimiento extraño.

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