Poco antes de que la crisis subprime derivara en una de las más severas recesiones económicas globales que el mundo ha conocido, The Economist publicó un número en el año 2007 cuya portada rezaba ‘The end of cash era’ (algo así como el final de la era del dinero físico). Han pasado quince años y, aunque ese vaticinio todavía no se ha cumplido, sí que parece ir camino de hacerse realidad en muy poco tiempo.
De acuerdo a un informe de McKinsey, a lo largo de la última década se ha desplomado en todo el mundo el volumen de transacciones en efectivo, con independencia del poder adquisitivo o de la realidad socioeconómica. En China, por ejemplo, en 2010 no se realizaba una sola transacción digital y, a cierre de 2020, ya supone el 41% del total. Números muy importantes que están todavía por debajo de la otra gran locomotora internacional, Estados Unidos, en donde las transacciones en efectivo han pasado en diez años de superar el 50% del total a estar en la actualidad rondando el 25%. Algo similar a lo que ocurre en otras economías avanzadas, como Reino Unido u Holanda.
Operaciones más transparentes
Parece, por lo tanto, cuestión de tiempo que el dinero en efectivo siga con su lenta agonía hasta que, a medio o largo plazo, caiga definitivamente. De hecho, durante el reciente confinamiento del segundo trimestre de 2020 para atajar el número de casos por coronavirus, el uso de la tarjeta de crédito o de débito para la realización de compras superó al del efectivo en España por primera vez en la historia tras suponer el 67% del total. Aunque en el trimestre siguiente el dinero en efectivo recuperó su reinado, según el informe ‘Digitalización de los medios de pago en España: desafíos y oportunidades’, de Payment Innovation Hub, Afi y CaixaBank, la pandemia ha servido para acelerar el tránsito de los consumidores al uso preferente de los pagos online.
Desde la óptica de la Administración, el uso de tarjetas o de soluciones digitales de pago como Bizum sirve para reducir significativamente los niveles de economía sumergida y, por lo tanto, de dinero negro en circulación que no paga impuestos. De este modo, las transacciones virtuales hacen más transparentes las relaciones económicas y, con ello, según asegura el documento anterior, se favorece la llegada de mayores recursos fiscales a Hacienda que luego se revierten para favorecer un mayor bienestar social. El estudio señala que, en el caso de España, si finalizara hoy el uso de dinero en efectivo, se podrían recaudar entre 16.000 y 32.000 millones de euros más cada año. Además, se subraya que el coste de la gestión, la custodia y la distribución del dinero electrónico es mucho menor que en el caso del físico, y que eso redundaría en otros 10.000 millones de euros extra para el Estado.
Hacia un beneficio social
Se estima que, solo en España, existen alrededor de 90 millones de tarjetas de crédito o de débito en circulación. Es decir, que cada habitante cuenta, en promedio, con dos tarjetas en vigor, superando ampliamente los niveles de los países de nuestro entorno. A pesar de ello, el uso diario de los terminales de pago con tarjeta apenas alcanza los 285 euros, muy por debajo de las cifras de Portugal (679 euros) o del Reino Unido (941 euros). Una de las principales razones para explicar este fenómeno tiene que ver con el carácter cultural: los españoles son más proclives al uso de efectivo por costumbre, aunque cuando se les pregunta por sus preferencias, 9 de cada 10 indican que realizar los pagos de manera digital les evita desplazamientos, gestiones y les proporciona, en general, un ahorro de costes.
Desde un punto de vista logístico, en un país como España, en el que el sector bancario está sumido en un proceso de cierre masivo de oficinas comerciales para mejorar sus ratios de eficiencia operativa, la extensión en el uso de apps de pago virtuales permitiría ofrecer una solución rápida y efectiva a las personas que vive en entornos con una baja densidad de población. Bajo una óptica individual, no llevar dinero físico es más seguro a la hora de circular por la calle, ya que se reduce la posibilidad de sufrir un robo o de extraviarlo. Además, la mejora constante en los protocolos de seguridad y de encriptación de las soluciones digitales incrementa la dificultad en sufrir un ciberataque.
Para las empresas, digitalizar toda la información financiera y contable reduce de manera significativa cualquier incidencia o error, evitando problemas con la Administración Tributaria. A través de apps como la de Fuell, se puede llevar un registro exacto y en tiempo real de cualquier movimiento económico que se produzca en una pyme, también a través del uso de las tarjetas corporativas. Esta simplificación de procesos favorece que se puedan movilizar recursos financieros con mayor rapidez y agilidad si así se requiere, eliminando tiempos de espera y trámites administrativos que, en el pasado, podían suponer la pérdida de ventajas competitivas para una empresa.
Y, todo ello, con independencia de que se trate de pagos de baja cuantía, como una suscripción digital, o de que se lleven a cabo en cualquier parte del mundo o fuera del horario de oficina. Bajo las premisas de la rapidez, la seguridad y la comodidad, es posible realizar cualquier operación con un gasto mínimo y bajo la supervisión constante del CFO, pudiendo beneficiarse, en paralelo, de promociones virtuales.
En definitiva, aunque parece que el dinero físico desaparecerá algún día, todavía parece que convivirá entre nosotros durante algún tiempo. Quizá, eso sí, en el mundo corporativo su fin se antoja más cercano gracias a los importantes beneficios que aporta la operatividad digital. Sin embargo, desde el punto de vista del ciudadano es importante llevar a cabo ese tránsito de manera lenta aunque constante, evitando que pueda darse cualquier situación potencial de exclusión financiera o de discriminación. Por el momento, la normativa europea ya ha limitado el máximo de los pagos en efectivo a los 1.000 euros. Un primer paso de una tendencia que, aunque a ritmo sosegado, parece que será inexorable a lo largo de los próximos años.
